Concejales del municipio de 3 de Mayo ratificaron su denuncia en contra del intendente

Publicado el: 14/09/2021 16:15

Municipales 4-850.jpg(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La Comisión Especial encargada de analizar el pedido de  intervención de la Municipalidad de 3 de Mayo, Departamento de Caazapá, que preside el diputado Esteban Samaniego (ANR-Paraguarí), se reunió, en la fecha, con concejales de dicho municipio, los que se ratificaron en la denuncia presentada en contra del intendente Arnaldo Andrés Aquino Servían.

Según la denuncia, sobre el jefe comunal pesan supuestas graves irregularidades durante el ejercicio de sus funciones, como la no rendición de cuentas de las ejecuciones presupuestarias de los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, pese a las reiteras peticiones de la Junta Municipal.

“Ha enviado copias simples de cuadros demostrativos de las erogaciones cuyas fojas no superan los 5, no mostrando en ninguna ocasión los documentos comprobantes de las inversiones, gastos y compras realizadas”, dice parte de la denuncia que forma parte de los antecedentes arrimados a la Cámara de Diputados.

Menciona, además, que ante la negativa, se ha realizado la revisión pertinente de las transferencias de royalties y Fonacide, constatándose una diferencia, en el primer caso de G. 229.089.010 y; de G. 73.710.418 en el segundo caso.

El descargo de Aquino Servían, sin embargo, no pudo darse en la fecha, quedando, nuevamente, citado para el próximo martes 21, de los corrientes, a las 10:30 horas.

Recordemos que el pedido de intervención del Poder Ejecutivo se realizó en virtud de lo estipulado en el Art. 165 de la Constitución Nacional y el Art. 2º, numeral 1), Inc. b) de la Ley 317/94, Que reglamenta la intervención a los gobiernos departamentales y/a los gobiernos municipales.

Procedimiento de intervención

Tras la conformación de la Comisión especial, ésta deberá emitir un dictamen sobre las acusaciones y será, finalmente, la plenaria de Diputados que decidirá si concede o no su acuerdo para la intervención por parte del Poder Ejecutivo.

En caso afirmativo, el interventor deberá elevar sus conclusiones a la Cámara Baja, en un periodo de 60 días, la que se pronunciará por la destitución o no del funcionario electo.

Es importante mencionar que, materialmente, ya no habría tiempo para culminar el proceso de intervención, atendiendo que el 10 de octubre se realizan las elecciones municipales, que imposibilitarían culminar la intervención si es que, eventualmente, fuera aprobada.

 

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