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DIPUTADO FERNANDO OREGGIONI
Proponen que deudas pactadas en concordato puedan diferirse por tres meses
Publicado: 07/10/20 02:39:p. m.

(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). El diputado Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa), presentó un proyecto de ley “Que difiere el cumplimiento de pago de concordato", con la finalidad de establecer una norma que atenúe el impacto que genera en las diversas actividades las consecuencias económicas de la pandemia por Covid-19.

Recordemos que en el Derecho Comercial, el Concordato es el acuerdo concretado entre un deudor y sus acreedores, en virtud del cual se establecen plazos de pagos o una remisión parcial de la deuda.

El diputado Oreggioni menciona que es necesaria la modificación de cronogramas de pagos ya pactados, en un concordato y, asegura que no se pretende causar perjuicios a los acreedores ni un beneficio, extraordinario, a los deudores.

El documento prevé el diferimiento del pago de las obligaciones vencidas en los meses de abril, mayo y junio, a los meses, posteriores al último mes pactado, para el cumplimiento del concordato-

“Es más que nada una expresión de justicia hacia los deudores que están ante un peligro inminente de ser declarados en quiebra indirecta”, expresa el proyectista en el documento.

En el proyecto se establece que las obligaciones surgidas de un concordato, celebrado antes de la declaración de emergencia sanitaria, que fueren impagas en los meses de abril, mayo y junio de 2020, serán reestructuradas y diferidas para ser cumplidas luego de los tres meses posteriores a las últimas fechas pactadas en los concordatos celebrados.

Menciona, además, que los deudores concordatarios que hayan incurrido en mora durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, no serán declarados en quiebra indirecta, si dentro de 30 días de rehabilitarse los juzgados civiles y comerciales, se presentaren ante el juzgado donde se tramita el juicio de convocación de acreedores, a fin de proponer un plan de pago de las deudas vencidas durante los meses de abril, mayo y junio del año 2020.

El documento expresa, igualmente, que el juez solo podrá denegarlo en caso de constatar que la mora, notoriamente, no es causada por el aislamiento social decretado por el gobierno durante la emergencia sanitaria. “La denegatoria de este beneficio deberá constar en resolución fundada, previo traslado al agente síndico y al agente fiscal en lo civil y comercial”.

Dispone, por otro lado, que el plazo podrá ser extendido, excepcionalmente, hasta tres meses más, mediante resolución fundada-

La normativa fue girada a las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación y; a la de Justicia, Trabajo y Previsión Social, para su estudio y consideración.


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